Envejecer es un proceso; la vejez, una etapa de la vida; y la longevidad, la posibilidad —individual y colectiva— de vivir más años. Parecen matices semánticos, pero distinguirlos permite discutir mejor qué sociedad estamos construyendo y qué respuestas reclama una población cada vez más vieja.
El envejecimiento empieza mucho antes de que alguien sea considerado viejo. Es un proceso continuo, biológico, psicológico, social y cultural, que atraviesa toda la vida. No ocurre igual para todos: envejece de modo diferente quien tuvo acceso a una alimentación adecuada, empleo registrado, educación, vivienda digna, vínculos afectivos y atención médica sostenida, que quien transitó décadas de precariedad, desigualdad o abandono estatal.
La vejez, en cambio, refiere a una etapa vital. Tiene componentes cronológicos, pero no se agota en una edad fijada por una ley, una jubilación o una estadística. Ser viejo no significa ser dependiente, enfermo ni improductivo. Sin embargo, esos prejuicios persisten y reducen a millones de personas a una condición pasiva, cuando muchas continúan trabajando, cuidando, creando, participando políticamente y sosteniendo redes familiares y comunitarias.
La longevidad pone el foco en la duración de la vida. Puede pensarse como una experiencia personal —llegar a edades avanzadas—, pero también como un indicador colectivo: cuánto vive una población y bajo qué condiciones llega a esos años. Vivir más no equivale automáticamente a vivir mejor. El desafío no es sólo agregar años a la vida, sino vida a esos años: autonomía, salud, reconocimiento, proyectos y derechos.
La demografía permite observar el fenómeno en su dimensión estructural. Cuando aumenta la proporción de personas mayores y desciende la natalidad, cambia la forma de la pirámide poblacional, se reconfiguran los hogares, crece la demanda de cuidados y se tensionan los sistemas previsionales, sanitarios y de asistencia. No se trata de una amenaza ni de una “carga”: es una transformación social profunda que exige planificación.
En ese punto, el debate público suele llegar tarde. Se habla de vejez cuando aparecen problemas de cobertura médica, haberes insuficientes o falta de camas geriátricas. Pero una política seria debe empezar mucho antes: en la prevención, la alimentación, el trabajo, la vivienda, la accesibilidad urbana, la alfabetización digital y la construcción de redes de cuidado. Envejecer bien no depende exclusivamente de decisiones individuales; depende, también, de las oportunidades que una sociedad distribuye.
Marta tiene 72 años, cuida a sus nietos, participa en un taller barrial y hace trámites desde el celular. Su historia rompe varios estereotipos. Pero también muestra una contradicción: para mantenerse activa necesita transporte accesible, ingresos suficientes, un sistema de salud cercano y espacios donde su palabra cuente. La autonomía no es un mérito aislado; es un derecho que requiere condiciones materiales.
Por eso, el abordaje debe ser multidisciplinario. Demografía para entender los cambios poblacionales; medicina y gerontología para atender la salud; psicología para acompañar los vínculos y la subjetividad; urbanismo para diseñar ciudades habitables; economía para sostener ingresos y cuidados; educación y cultura para combatir el edadismo, esa discriminación que naturaliza la exclusión por edad.
La pregunta ya no es si nuestras sociedades van a envejecer: ese proceso está en marcha y se acelerará en el corto plazo. La cuestión es si habrá decisión política para asumirlo. Hablar con precisión de envejecimiento, vejez y longevidad no es una discusión académica: es el primer paso para construir políticas públicas que permitan llegar a más años, pero sobre todo llegar mejor.
La denuncia fue radicada este miércoles 19 de agosto ante la Fiscalía de Instrucción Penal N.º 1 de Posadas. Lleva el número 283/2026 y fue presentada por el dirigente radical de Eldorado Gustavo González ante la fiscal Amalia Spinato, con intervención de la jueza de Instrucción Carla Freitag. El escrito invoca el artículo 268, inciso 2.º, del Código Penal de la Nación, que contempla el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
Rovira es actualmente diputado provincial, por lo que la denuncia dedica un apartado a su inmunidad parlamentaria. El denunciante sostiene que los fueros no impedirían iniciar la investigación ni producir pruebas patrimoniales, registrales, bancarias y fiscales. Sin embargo, solicita que, si la causa avanza hacia una declaración indagatoria o medidas restrictivas, se analice el desafuero conforme a la Constitución de Misiones.
Desde el hospital, Beller responsabilizó a Cerimedo del ataque. También publicó chats de WhatsApp (de junio-julio) en los que lo acusaba de violencia de género previa (golpes, ahorcamientos, moretones) y habló de “intento de feminicidio” anterior que, según ella, se habría intentado tapar. Además formuló otras denuncias relacionadas con corrupción, filtraciones de audios (caso ANDIS en Argentina) y supuestos vínculos con el entorno de Milei y negocios en Bolivia.
Fernando Cerimedo: Consultor digital, fundador de La Derecha Diario y CEO de Numen Publicidad. Fue pieza clave en la campaña digital de Javier Milei (2023), vinculado a Jair Bolsonaro (investigado y luego no denunciado en la causa del 8 de enero en Brasil) y actual asesor externo/personal del presidente boliviano Rodrigo Paz. Fuentes del gobierno argentino aseguran que la relación con Milei se cortó hace tiempo (principalmente tras el caso ANDIS).
El caso estalló públicamente en agosto de 2025 con la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo (ex director de la ANDIS, abogado personal de Milei y funcionario de confianza). En las grabaciones se describe un esquema de retornos o sobornos en la compra de medicamentos e insumos de alto costo (programa Incluir Salud):







Raúl David Maslowski es comisario general de la Policía de Misiones y, hasta su designación como nuevo subjefe, se desempeñaba como director general de Seguridad de la fuerza. Su nombramiento se produce tras el desplazamiento de Marcos David López Asencio y lo convierte en el segundo hombre de la estructura policial provincial.
El Cañonero Paraguay, junto con su buque gemelo, el Cañonero Humaitá (C-2), fue encargado a principios de los años 30 al astillero italiano Odero-Terni-Orlando, en Génova, entrando en servicio activo en 1931.

