La confirmación de los procesamientos en la causa ANDIS expone algo más grave que una sucesión de irregularidades administrativas: la presunta transformación de un organismo destinado a garantizar derechos esenciales en una estructura organizada para favorecer negocios privados. La Sala II de la Cámara Federal ratificó este martes 22/09 la situación procesal de Diego Spagnuolo y de otros 18 imputados, en una resolución que deja a la investigación más cerca de una eventual elevación a juicio oral.

No se trata, por ahora, de una condena. La decisión judicial corresponde a una etapa preliminar y deberá ser revisada en instancias posteriores. Pero tampoco es un trámite menor: los camaristas consideraron que existen elementos suficientes para sostener la hipótesis de una asociación ilícita dedicada a direccionar contrataciones, manipular procedimientos y pagar beneficios indebidos.

La oficina pública como negocio privado
El principal acusado es Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. La Justicia lo procesó como presunto jefe de una asociación ilícita y le atribuyó negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo.

La acusación describe un mecanismo sencillo en su lógica y devastador en sus consecuencias: determinados proveedores habrían sido favorecidos en compulsas de precios para medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, mientras funcionarios y operadores externos garantizaban que las adjudicaciones quedaran concentradas en un grupo reducido de empresas.

En ese esquema, el Estado no aparece como garante del acceso a la salud, sino como una caja disponible para quienes lograran controlar sus circuitos internos. La ANDIS habría funcionado —según la hipótesis judicial— como centro de operaciones, ventanilla de pagos y plataforma de distribución de contratos.

El perjuicio estimado en las órdenes de compra analizadas supera los $30.337 millones. La investigación también detectó sobreprecios extremos y una concentración cercana al 93% de determinadas compulsas en manos de Profarma y Génesis.

Una estructura con funcionarios y empresarios
La resolución no apunta exclusivamente contra funcionarios. También alcanza a empresarios y operadores vinculados con droguerías y proveedores, una característica central del expediente: la presunta maniobra habría requerido la articulación entre quienes tenían acceso a las decisiones administrativas y quienes obtenían los beneficios económicos.

Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud y señalado como segundo de Spagnuolo, quedó procesado como jefe de la organización. Miguel Ángel Calvete, identificado como operador externo, fue considerado jefe de la asociación ilícita y partícipe necesario en las negociaciones incompatibles y la defraudación. Además, se le atribuye cohecho activo, es decir, el presunto pago de sobornos.

Pablo Atchabahian, que había sido considerado originalmente otro de los jefes, fue ubicado por la Cámara en un nivel inferior: miembro de la organización. Esa modificación muestra que el tribunal no se limitó a confirmar mecánicamente el planteo de primera instancia, sino que revisó los grados de responsabilidad atribuidos a cada imputado.

Entre los acusados también figuran exfuncionarios de la ANDIS y empresarios vinculados con droguerías como Génesis, New Farma, Floresta, Profarma e Indecomm. Para varios de ellos, la Justicia investiga negociaciones incompatibles, administración fraudulenta y, en algunos casos, cohecho.

El costo de mirar hacia otro lado
Los embargos fueron reducidos por la Cámara, con montos de hasta aproximadamente $36.000 millones para algunos de los principales acusados. No hay prisión preventiva. Esa circunstancia, sin embargo, no modifica la gravedad institucional de los hechos investigados ni el impacto que una eventual defraudación habría tenido sobre personas que dependen de medicamentos y prestaciones para sostener su vida cotidiana.

La paradoja es evidente: mientras el discurso oficial suele presentar el recorte del gasto como una defensa del interés público, una estructura de sobreprecios y retornos —si finalmente se prueba— habría utilizado recursos estatales para beneficiar a intermediarios y funcionarios. El problema no sería entonces cuánto gasta el Estado, sino quién decide, cómo decide y para quién termina trabajando.

La investigación se inició a partir de audios atribuidos a Spagnuolo en los que se mencionaba un sistema de “retornos”. La Cámara sostuvo que el expediente no depende únicamente de esas grabaciones: también existirían documentación, análisis de dispositivos secuestrados y otros elementos independientes que respaldan la hipótesis acusatoria.

Transparencia bajo sospecha
El supuesto mecanismo habría incluido compulsas reducidas, procedimientos por fuera de los principios de publicidad y concurrencia y manipulación del sistema interno de información SIIPFIS. Si esas prácticas son confirmadas, no estaríamos frente a simples fallas de control, sino ante el uso deliberado de herramientas administrativas para impedir la competencia y asegurar resultados previamente definidos.

La contratación pública puede ser compleja, pero no debería ser opaca. Cuando un organismo concentra compras millonarias en pocas empresas, aplica procedimientos excepcionales y registra precios desproporcionados, la explicación no puede reducirse a errores técnicos o deficiencias burocráticas.

La corrupción, en estos casos, no se limita al dinero que cambia de manos. También consiste en alterar las reglas para que el resultado parezca legal, aunque haya sido decidido de antemano. El expediente ANDIS describe precisamente esa zona gris: una burocracia utilizada como fachada para una distribución privada de recursos públicos.

La prueba que falta
La confirmación de los procesamientos fortalece la investigación, pero todavía no reemplaza el juicio. Será necesario determinar qué responsabilidades concretas tuvo cada imputado, cuáles contrataciones fueron efectivamente direccionadas, qué montos fueron pagados y quiénes se beneficiaron.

También habrá que establecer si los controles internos fallaron por negligencia o fueron deliberadamente neutralizados. La diferencia no es menor: una cosa es una administración incompetente y otra, mucho más grave, una organización diseñada para saquear desde adentro.

La causa avanza hacia una instancia decisiva. La Justicia deberá demostrar que puede investigar hasta el final, sin convertir el expediente en una herramienta de disputa política ni permitir que los acusados se refugien en la demora procesal. Y el Estado deberá explicar cómo una agencia destinada a asistir a personas con discapacidad pudo terminar —según la acusación— convertida en una mesa de negocios.

Porque si la hipótesis judicial se confirma, el escándalo no será solamente el de unas coimas millonarias. Será el de un Estado que, mientras hablaba de eficiencia y austeridad, habría dejado sus áreas más sensibles al servicio de una asociación privada.